Servindi, 7 de julio, 2011.- El pueblo indígena kichwa de Sarayaku culmina hoy la presentación de sus alegatos orales y pruebas testimoniales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Ecuador por la violación a sus derechos debido a la actividad petrolera en el Bloque 23.
En la audiencia que empezó ayer en San José de Costa Rica, el líder espiritual Sabino Gualinga indicó que la presencia de la Compañía General de Combustibles (CGC) en sus territorios ha traído graves consecuencias a la comunidad.
En la sede de la CIDH se encuentra presentes una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad, así como representantes del gobierno de Ecuador y de expertos como el relator ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, y el antropólogo Rodrigo Villagra.
La demanda interpuesta por la comunidad de Sarayaku busca proteger la identidad cultural y la forma de vida de estas comunidades.
Antecedentes
En 1996, el gobierno otorgó el Bloque 23 en concesión petrolera a la argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que afecta un 60% del territorio kichwa de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, integrado por mil 200 indígenas.
Para la concesión el Estado ecuatoriano omitió todo proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al pueblo de Sarayaku.
Durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente a territorio Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para hacer investigaciones sísmicas altamente destructivas.
Ante ello, Sarayaku se declaró en emergencia por siete meses y movilizó a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños en resguardo de su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida.
Con protección del Ejército, la CGC colocó 1,433 kg de explosivos en 476 puntos dentro de los territorios Sarayaku y Achuar, como parte de sus trabajos de exploración que no se llegaron a concluir debido a la oposición de la comunidad.
La siembra de explosivos, colocados sin conocimiento ni consentimiento de los afectados en un área de 20 km cuadrados, ha causado graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.
A inicios de 2003, la comunidad acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC.
En mayo de ese año, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.
Frente al incumplimiento de las medidas cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004.
Dichas medidas estaban dirigidas a proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, investigar los hechos de violencia cometidos en su contra y garantizar el derecho al libre tránsito, violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza por aliados de la petrolera, para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar.
Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, en junio de 2005 la CIDH ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku.
Recién en la primera mitad del año 2007 el Estado ecuatoriano, a través del ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la CIDH, con el inicio de las gestiones para el retiro de los explosivos.
A diciembre de 2009, con el apoyo del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos. El proceso está suspendido hasta la actualidad.
El 8 de mayo de 2009, en abierta confrontación con las disposiciones de los organismos internacionales, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloques 23 y 24, que causó el rechazo de la comunidad de Sarayaku y de las nacionalidades Shuar y Achuar.
El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso, que ha sido remitido a conocimiento de la CIDH.
“Pedimos a la Corte que nos proteja para poder vivir en paz, que seamos consultados si quieren hacer proyectos de desarrollo y que si decimos que ‘no’, que respeten nuestra decisión”, manifestó Gualinga.
Portal de la CIDH
servindi.org
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