Así lo estimó el representante legal de la Asociación Comunitaria La Matanza, Carlos Díaz. Comentó que está próximo a presentarse un estudio sobre el impacto sociológico que dejó en las comunidades la matanza ocurrida hace 87 años.
El 2012 podría ser el año donde se inicie la reparación histórica a las comunidades aborígenes de Napalpí. Es que según estimó el abogado de la Asociación Comunitaria La Matanza, Carlos Díaz, la demanda millonaria que presentaron contra el Estado Nacional por la masacre ocurrida en ese pueblo en 1924 podría tener sentencia de primera instancia el año que viene. Por otra parte, comentó que en breve presentarán un estudio sociológico para determinar el impacto que dejó en las comunidades aquella matanza.
“Estimamos para fines de 2011 terminar con el período probatorio, en el 2012 seguramente quedarán en autos para sentencia en primera instancia y después cualquiera de las dos partes –el Estado Nacional o nosotros- podremos apelar ante la Cámara Federal”, comentó Díaz en declaraciones a RADIO CIUDAD. Y agregó que el caso, podría llegar “no sólo hasta la Corte Suprema sino hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El abogado indicó además que están próximos a finalizar un estudio sociológico que analizará la actualidad de las comunidades que habitan las zonas cercanas a Napalpí y cómo esto afectó su cultura, tarea que se realiza por ser un crimen de lesa humanidad. “Está pendiente -y supongo que se va a presentar a fines de febrero- el estudio sociológico referente a cuál fue el impacto que sufrieron los pueblos originarios Toba Qom y Mocoví Moqoit, a raíz de esta Masacre”, sostuvo Díaz.
“El estudio es muy importante porque todo lo que sean crímenes de lesa humanidad son considerados crímenes continuados. Esto quiere decir que los efectos de los mismos no sólo se producen en el momento instantáneo de realizarlo sino que por generaciones el mismo va creando efectos sociológicos y psicológicos en la comunidad que ha sufrido tan aberrante crimen”, afirmó el letrado.
En este sentido, Díaz explicó que la investigación está siendo comandada por una socióloga y psicóloga en la zona de influencia de Naguará y de Napalpí. “Se están haciendo entrevistas a personas no solamente de edad (aunque hoy no hay sobrevivientes), sino también de nietos y bisnietos de aquellos que sufrieron la matanza”, señaló. “Yo estuve en la zona y es muy poderosa la memoria colectiva que se va transmitiendo de generación en generación y eso ha sido un punto fundamental y hemos tenido la gran colaboración de todo el pueblo indígena de estas dos etnias que quieren que se haga justicia después de más de 80 años”, consideró.
PRUEBAS
La semana pasada, Díaz presentó ante el Juzgado Federal de Resistencia dos libros históricos referidos a la Masacre de Napalpí como parte de las pruebas en la demanda caratulada como "Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado Nacional -Poder Ejecutivo- s/daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño moral, Expte Nº 1630/04". Entre los numerosos informes históricos presentados en esas dos obras (“Crímenes en Sangre”, de Pedro Solans y “Napalpí, la herida abierta” de Vidal Mario) figuran el texto completo de la interpelación parlamentaria al ministro del Interior, extraído del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del año 1924; el texto completo del expediente caratulado "Sublevación Indígena en la Reducción de Napalpí", Expte Nº 910 del 21 de agosto de 1924, Juzgado del Dr. Justo P. Faría.
Además se adjunta una copia del Heraldo del Norte del 27 de junio de 1927, publicación que dedicó una edición especial a la masacre ocurrida tres años atrás; testimonio de la señora Melitona Enrique, sobreviviente de la matanza, brindada al escritor Pedro Solans (libro Crímenes en sangre); testimonio de la misma sobreviviente al escritor aborigen Juan Chico (libro Napalpí, la memoria de la sangre); testimonios de numerosos descendientes de sobrevivientes de la masacre reproducidas en dicha obra de Juan Chico, entre otras.
La demanda por la masacre de Napalpí fue presentada en el 2005 luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiera su fallo sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El reclamo judicial, que en total suma 116 millones de dólares, continúa la línea de las llamadas "class actions" o juicios colectivos que también se abrieron en otros lugares del mundo en reclamo de compensaciones por hechos del pasado que hirieron a comunidades.
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